Desde que la veta fue descubierta a mediados del siglo XIX, el proyecto es uno de los anhelos postergados de los pobladores de esa región fronteriza con Brasil que ha adoptado la denominación de "la futura capital del acero"
El contrato minero más grande de la historia de Bolivia ha quedado en nada tras cinco años exactos de vigencia. La transnacional india Jindal Steel & Power Limited ha dejado el país, ha abandonado la explotación del millonario yacimiento de hierro del cerro Mutún en la provincia cruceña Germán Busch, en la localidad de Puerto Suárez. Y su salida ha traído mucha tela para cortar.
Desde que la veta fue descubierta a mediados del siglo XIX, el proyecto es uno de los anhelos postergados de los pobladores de esa región fronteriza con Brasil, que ha adoptado la denominación de "la futura capital del acero". Este nombre no es gratuito, está avalado por más de 40 mil millones de toneladas de hierro y 10 mil millones de manganeso que yacen en el Mutún, que lo convierten en una de las mayores reservas del mundo, un potencial que los gobiernos de turno no pudieron aprovechar desde 1956, cuando atrajo la atención del gobernante Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR).
Ese año se encargó a la flamante Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y al Servicio Geológico de Bolivia la inspección geológica del sitio y la cuantificación de sus ingentes reservas. Tras ello, vino la época de los emprendimientos fallidos: la Empresa Siderúrgica Boliviana S.A. (Sidersa) creada por el presidente de facto Hugo Banzer Suárez (1971-1978) o la Unidad Promotora del Fierro y Acero en Santa Cruz, que unió fuerzas con la Comibol para encomendar, a mediados de los años 80, los estudios de factibilidad para la construcción de una planta de producción de arrabio en base a carbón vegetal.
En 1993 le tocó el turno a la Empresa Metalúrgica del Oriente —parte de la Comibol—, que exportó aproximadamente 350 mil toneladas de concentrados de hierro a acerías o fábricas de acero de Paraguay y Argentina, que devolvían a Bolivia lo comprado en materiales con valor agregado. No obstante, no se avanzó más por la falta de tecnología para la explotación, transporte y embarcación de la producción por uno de los puertos de la provincia (Busch, Quijarro o Aguirre), a través de las aguas de la hidrovía Paraguay-Paraná.
Después, no hubo actividad en el Mutún durante una década, hasta que el Estado lanzó una licitación internacional para la firma de un pacto para la extracción del mineral en el cerro, en una coyuntura dominada por el alza en la demanda y el precio del hierro y el acero, por el impulso de China. Esto convirtió al yacimiento cruceño en un botín codiciado. En abril de 2006, ante el riesgo de frustrarse la adjudicación a la brasileña EBX, los entonces ministros de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas; de Producción y Microempresa, Celinda Sosa, y de Minería, Wálter Villarroel, fueron tomados como rehenes en Puerto Suárez. Tras el conflicto, ya se habló de Jindal.
Cuatro meses después, la compañía se adjudicó el contrato de riesgo compartido y creó una subsidiaria: Jindal Steel Bolivia (JSB). El documento fue avalado por el Congreso y también llevó la rúbrica de la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), y marcó el inicio de un proyecto siderúrgico que no solamente explote, sino que industrialice la riqueza del Mutún, con el desarrollo de la ferrominería mediante concentrados de hierro, su reducción a hierro esponja y briquetas, y la producción de acero y láminas. Mitad de la veta sería aprovechada durante 40 años por la Jindal y la otra parte por el Estado boliviano, con la ESM como protagonista. Promesas. El currículum de la multinacional no dejaba dudas: una empresa en manos de cuatro hermanos (liderada por Naveen Jindal) con medio siglo de experiencia en la explotación de hierro y dueña de 14 plantas (una docena en la India, una en Estados Unidos y otra en Indonesia), con $us 4.500 millones de capital y $us 3.850 millones de ventas anuales, con negocios en 42 países de los cinco continentes y con 32 poblaciones adoptadas como "ahijadas", bajo la política de "apadrinar" urbes aledañas a sus minas.
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