Las metas y promesas no tenían precedentes: el proyecto reemplazaba como combustible al carbón vegetal por el gas natural, con $us 2.100 millones de inversión, 1,7 millones de toneladas de hierro esponja y 1,4 millones de toneladas de acero laminado anuales para el mercado interno y la exportación, $us 200 millones de impuestos al año, 6.700 empleos directos y 15 mil indirectos. Aparte, la construcción de una ciudad cercana al Mutún para los trabajadores y la instalación de servicios básicos, hospitales, escuelas y hasta una universidad técnica para los nuevos "ahijados": los municipios de Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero.
Luego de que el Banco BISA garantizara a la Jindal la otorgación de boletas de garantía por $us 45 millones, Puerto Suárez fue el escenario del lanzamiento y la celebración del acuerdo, el 19 de julio de 2007. Allí, Evo Morales sujetó un trozo de hierro y enunció dos palabras: "Misión cumplida". Asimismo, se informó que el Gobierno invertiría $us 150 millones para la edificación de un nuevo atracadero en Puerto Busch y para garantizar su conexión vial y ferroviaria con el Mutún. Las caras sonrientes dominaron a las partes del negocio, pero la luna de miel acabó en un suspiro.
El primer traspié surgió a los pocos meses, por el retraso del saneamiento en los terrenos otorgados a la empresa, equivalentes a 5.500 hectáreas de superficie. Por otra parte, el avance del proyecto y de las inversiones en el Mutún no convencieron al Gobierno con el pasar de los años. Fue así que todo estalló en 2010, cuando la ESM ejecutó dos boletas de garantía por $us 18 millones de la Jindal, por su falta de renovación. Y en mayo de este año, vino la segunda penalización: el cobro de otra boleta de $us 18 millones, esta vez por un supuesto incumplimiento del plan de inversiones, que derivó en un proceso judicial iniciado de oficio por el Ministerio Público.
Según el Gobierno, las inversiones en la veta de hierro no se asoman a los $us 600 millones estipulados en el cronograma, mientras que Jindal alegó que hasta marzo, la adquisición de maquinaria y los contratos de servicios alcanzaron a $us 583,47 millones. Así, el conflicto llegó a los extremos. La firma paralizó actividades, demandó el cambio de condiciones del contrato y acusó cualquier inconveniente a la irresuelta dotación de tierras y del gas que requerirá dentro de dos años su planta de generación termoeléctrica: al menos 10 millones de metros cúbicos por día, y no así los 2,5 millones programados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.
Puso sobre la mesa cuatro condiciones: garantías para la no nacionalización de sus inversiones, el levantamiento del juicio en contra de sus ejecutivos, revertir la ejecución de sus boletas de garantía y dejar sin efecto una auditoría sobre su presencia en el país. El Ejecutivo rechazó estas peticiones y remató con una exigencia adicional: que la Jindal deposite $us 2.100 millones en la cuenta de un banco nacional como prueba de que posee recursos económicos para consolidar el complejo siderúrgico. Y sin resquicio para el diálogo, el 16 de julio, la transnacional decidió rescindir el pacto.
Más aún, amenazó con un juicio por daños y perjuicios, por el "incumplimiento y falta de voluntad de parte del Gobierno de Bolivia para cumplir con sus obligaciones contractuales". La respuesta gubernamental trajo consigo otro aviso similar: un juicio por daño económico, para conseguir una compensación de la Jindal. En medio de la pulseta, el 20 de julio, la Fiscalía recurrió al allanamiento de las sedes de la compañía en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez, con intervención militar en el Complejo Siderúrgico del Mutún y secuestro de documentación de por medio.
Se abrió la caja de Pandora. Salió a la luz una auditoría encomendada por la ESM a la firma Delta Consult SMS, que plantea que la multinacional sólo invirtió $us 12 millones. El fiscal anticorrupción Aldo Ortiz reveló que la JSB se conformó con apenas Bs 18 mil de capital. Aparecieron deudas de la Jindal por el arrendamiento de oficinas. A la par, ésta pidió precautelar la seguridad de sus bienes y de sus empleados, mientras el Ejecutivo anunció que una nueva licitación duraría seis meses y que, al menos, 15 compañías están interesadas en asumir el negocio.
De esta forma, las ilusiones de los habitantes de la provincia Germán Busch, y sobre todo de su capital, Puerto Suárez, han vuelto a quedar en suspenso. Decenas de obreros han quedado sin trabajo. Más todavía, la fiebre del hierro se ha convertido en pesadilla para cientos de inmigrantes que buscan ser parte de una bonanza que aún no despega. Informe La Razón llegó a esa región para contar los avances del emprendimiento, y las esperanzas y frustraciones tras el final del contrato minero más grande de la historia boliviana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario