El fiscal Aldo Ortiz informó ayer que ordenó congelar las cuentas bancarias de la empresa india Jindal Steel y de su filial en el sector de gas GTLI, en el marco de las investigaciones por la ruptura del contrato de una concesión minera con el Gobierno.
Ortiz dijo a Efe que la “retención de las cuentas” de las firmas se hizo en base a un informe de la Unidad de Investigación Financiera, que depende de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, y durará hasta que concluya el proceso de investigación. Jindal informó en julio que rescindía el contrato firmado en 2007 con el Estado boliviano para explotar la mitad de la mina de hierro Mutún, situada en la frontera con Brasil, porque no tenía garantías de provisión de gas natural para montar una siderúrgica y denunció supuestas amenazas contra la seguridad jurídica del proyecto.
El Gobierno acusó a la empresa de incumplir con la inversión comprometida de 600 millones de dólares hasta 2012 y planteó una denuncia ante la fiscalía contra sus ejecutivos. En julio, fiscales, policías y militares allanaron las oficinas de Jindal en La Paz y en la región de Santa Cruz.
La empresa Jindal, que negó la acusación sobre la falta de inversión, finalmente decidió dejar Bolivia y sus ejecutivos salieron del país, mientras continuaban las investigaciones. Uno de los abogados de la empresa, Jorge Valda, dijo a Efe que la fiscalía actuó “ilegalmente” al ordenar la “congelación” de las cuentas bancarias de Jindal y de GTLI porque las operaciones de la primera no tienen nada que ver con la segunda, que sigue firmando acuerdos con el Estado.
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