La Fiscalía ordenó a la Unidad de Investigaciones Financieras la congelación de las cuentas que tiene la firma india en el sistema financiero nacional.
La ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, abrió la posibilidad de que los recursos que tiene la Jindal Steel Bolivia (JSB) en el sistema financiero nacional, y que en la actualidad fueron congelados por requerimiento de la Fiscalía, pasen a las arcas del Estado para compensar los daños económicos ocasionados al país.
El Ministerio Público ordenó el lunes a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) congelar las cuentas de la JSB, de sus ejecutivos y de la petrolera GTLI.
¿Qué pasará con esos recursos congelados, pasarán al Estado? fue la consulta que Cambio le hizo a la Ministra, quien respondió: “Por supuesto, porque no se olvide que los de la Jindal tienen que responder también por las boletas de garantía”.
Manifestó que dichos recursos pueden utilizarse para cubrir los daños económicos que causó la firma india al país por incumplimiento de contrato en la explotación de hierro en el Mutún, Santa Cruz.
Remarcó que la Jindal o cualquier otra compañía que no cumpla con los contratos de inversión deben responder por sus actos
“Lamentablemente, la Jindal no invirtió los 600 millones de dólares que se comprometió en el contrato inicial”, sostuvo Suxo.
Aldo Ortiz, fiscal asignado al caso, explicó que la ilegalidad que cometió la empresa se dio en el momento en que incumplió el contrato.
“Perjudican al Estado no solamente en lo que es una inversión, en la producción, sino en que muchas poblaciones del lugar están esperanzadas en el proyecto”, afirmó el fiscal.
La Fiscalía inició en mayo de este año un proceso penal en contra de los ejecutivos de la JSB por incumplimiento de contrato, ya que no invirtieron los 600 millones de dólares comprometidos para la primera fase de explotación del hierro.
El 16 de julio de este año, la firma internacional decidió abandonar el proyecto siderúrgico en el Mutún bajo el argumento de que el Estado no garantizó los 10 millones de metros cúbicos de gas para el proyecto y porque no se le entregaron las tierras para la explotación.
En respuesta, el ministro de Minería, Mario Virreira, anunció que se iniciarán procesos penales por daño económico. “Pediremos una compensación económica por el daño que nos hicieron. Más de cinco años en Bolivia y no han invertido los 600 millones de dólares”, señaló.
DATOS
• El Ministerio Público instruyó a la UIF congelar las cuentas que la Jindal tiene en el sistema financiero nacional.
• La Ministra de Transparencia abrió la posibilidad de que esos recursos pasen a las cuentas del Estado previo proceso legal.
• El abogado de la Jindal Jorge valda afirmó que no puede existir un proceso penal mientras no se tenga un pronunciamiento arbitral.
• El Gobierno anunció que pedirá una compensación económica por daños al Estado.
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