Jindal califica como “anticipada” decisión de monetizar los bienes incautados

EL ESTADO PRETENDE TRASPASAR TODOS LOS BIENES DE JINDAL A LA EMPRESA SIDERÚRGICA DEL MUTÚN.

El asesor legal de la Jindal Steel Bolivia (JSB), Jorge Valda, calificó como “anticipada” la determinación del fiscal Aldo Ortiz de monetizar los bienes incautados a esa empresa, en el marco del juicio que sigue el Ministerio público a los ejecutivos por supuestos daños económicos al Estado por incumplimiento de contrato.

Según Valda, esa monetización plantada por el Fiscal asignado al caso, pretende beneficiar a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM).

“Se pide la monetización de los bienes, cuando ni siquiera existe una imputación, consideramos que son actos ilegales, son actos arbitrarios y que consolidan la hipótesis que este es un proceso político de violación de derechos y garantías constitucionales”, dijo en declaraciones a EL DIARIO.

El representante legal afirmó que el Ministerio Público no puede entregar a la ESM los bienes de Jindal, debido a que también se abrió una investigación a los ejecutivos de esta entidad.

ARBITRARIEDAD

Consultado sobre las acciones que asumirá la defensa de Jindal, Valda anunció que agotadas las instancias legales en el país, acudirán a una Corte de Protección de Derechos Humanos y un arbitraje de controversias internacionales por considerar que existen violaciones a los derechos humanos y un abuso de parte de un Estado hacia una empresa privada, hechos que envían una pésima señal a los inversionistas extranjeros y develan la falta de seguridad jurídica en el país.

Los principales ejecutivos de la empresa tuvieron que salir de Bolivia, ante la persecución penal del Ministerio Público y la posibilidad de pasar años en detención preventiva.

“Vamos asumir las acciones que correspondan y eso en coordinación con los ejecutivos de la Jindal Steel And Power para tomar las acciones que correspondan porque no podemos seguir tolerando y permitiendo que el Ministerio Público continúe disponiendo de los bienes de Jindal como si ya hubiera una sentencia condenatoria.

“En este caso el proceso ni siquiera ha iniciado porque no hay una imputación formal en contra de ninguno de los ejecutivos”, recordó.

PROCESO

El fiscal Aldo Ortiz informó que actuará de oficio contra la empresa Jindal por contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes al no haber invertido los 650 millones de dólares comprometidos para la explotación de hierro del Mutún.

Asimismo dijo que solicitará la monetización de 37.000 toneladas de mineral concentrado y otros bienes que fueron incautados en noviembre pasado cuando se instruyó la intervención por parte de la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún.

“La empresa tenía la obligación de cumplir el contrato y no simplemente de sacar beneficios propios. Hasta el momento se ha procedido a congelar algunas de las cuentas en instituciones bancarias, el secuestro de bienes inmuebles, secuestro de mineral en puerto, más de 37 mil toneladas y se está pidiendo la colaboración al juzgado para ser confirmadas y se moneticen siendo que son bienes fungibles”, sostuvo Ortiz.

ANTECEDENTES

En mayo de 2012, el Ministerio Público inició la investigación de oficio a los ejecutivos de Jindal por el supuesto delito de incumplimiento de contrato en la inversión de 600 millones de dólares hasta 2012, como establece el acuerdo de riesgo compartido que firmó la compañía con el Estado boliviano el año 2007.

El 2007, el Gobierno a través de la Empresa Siderúrgica del Mutún (EMS) firmó un contrato de riesgo compartido con Jindal Steel Bolivia por la cual se adjudicó el 50% del yacimiento. La transnacional se comprometió a invertir en el proyecto siderúrgico del Mutún 2.100 mil millones de dólares en los dos primeros años y la inversión total debía llegar a 600 mil millones de dólares hasta el 2012.