viernes, 24 de marzo de 2017

Chile: Proyecto de hierro será aprobado

Un largo camino recorrió el proyecto de hierro Dominga, ligado a la familia Délano y Garcés, para llegar hasta la última instancia que le permitiera alcanzar una resolución de impacto ambiental (RCA); situación que no fue posible ya que tras una votación dividida por parte de la comisión de evaluación de la Región de Coquimbo, el intendente tuvo la última palabra la cual fue contraria a la iniciativa, impidiéndole obtener el permiso que le permitiera iniciar su construcción.

Pero más allá de la dificultad final, el proceso de evaluación completo de la iniciativa fue complejo. Dominga fue presentada al entonces Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en septiembre de 2013, para llegar a última instancia la semana pasada.

Durante todo su proceso, el titular del desarrollo Andes Iron desembolsó $us 26 millones en informes, al tiempo que la administración estableció vínculos con la comunidad y comprometió un fondo con el fin de alcanzar llegar al ideal de una "minería sustentable" una vez que el proyecto de $us 2.000 millones estuviera en operación.

Uno de los hitos que vivió el proceso fue un cambio normativo. Si bien, en diciembre de 2013 entró en vigencia el nuevo reglamento del SEIA que pone ciertos límites, se precisó que aquellos que habían ingresado con anterioridad se seguirían tramitando con la normativa anterior que no establecía un número máximo de Informes Consolidados de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara) a elaborar, ni de Adendas.

Considerando ello, y que el proceso se extendió por 42 meses- unos tres años y medio-, la evaluación de Dominga contó con tres procesos de participación ciudadana, dos de ellos por modificación sustantiva en Adendas 1 y 3, ejecutando en total 24 actividades de participación ciudadana con la asistencia de al menos 730 personas.

Como resultado de eso, se recibieron 1.231 observaciones ciudadanas admisibles: 345 al Estudio de Impacto Ambiental, 34 observaciones al Adenda N° 1, y 852 observaciones al Adenda N° 3, sintetizan desde el Sistema de Evaluación Ambiental.

viernes, 3 de marzo de 2017

India admite desconfianza en Bolivia tras lío con Jindal



El gobierno de India reconoció que se mantiene aún la desconfianza de Bolivia hacia ese país, luego del proceso de arbitraje entre la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y la empresa india Jindal Steel & Power, lo que dificulta la inversión que quiere ese país en el nuestro, aunque dijo que existían avances para mejorar las relaciones.

“Tenemos interés en invertir en Bolivia. Lamentablemente, en los últimos años hemos tenido problemas con el asunto de Jindal. Esto ha creado un poco de desconfianza. Pero luego de mis reuniones, creo que el Gobierno boliviano está muy dispuesto a solucionar el problema”, manifestó el embajador de la India en Bolivia y Perú, Sandeep Chakravorty, tras su visita a Bolivia, la anterior semana.

En ese sentido, señaló que se había reunido con el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General del Estado de donde había “recibido la propuesta del Gobierno boliviano para solucionar el problema”

“Voy a comunicarme con la empresa india y esperamos llegar a un acuerdo que sea aceptable para ambas partes, porque tener una acuerdo que no es aceptable o que genere más conflicto, no vale la pena”, añadió el diplomático que tiene su sede en Lima, Perú.

India está interesada en construir el segundo satélite de Bolivia. Para ello, el embajador Chakravorty se reunió con la Agencia Boliviana Espacial (ABE) para considerar una visita al país asiático.

De la misma manera, espera desembolsar créditos a empresarios privados del sector del transporte y de manera conjunta, dar créditos al sector empresarial, a través de las entidades financieras del país, con tasas de entre 7 y 8%.

El 2007, Jindal Steel suscribió un contrato con la ESM para explotar el yacimiento de hierro del Mutún en el departamento de Santa Cruz. El 2010 la ESM ejecutó las boletas de garantía de Jindal, de $us 18 millones. Jindal presentó una demanda arbitral en contra de la ESM ante la Corte de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, en Francia.